Como prestador de servicios profesionales en el gobierno, dentro de la administración pública, al aplicar y controlar la juricidad en dependencias y entidades del estado.
En dependencias del poder judicial, en relación con actividades jurisdiccionales, ya sea en el ámbito local o federal.
En tribunales administrativos, como el tribunal fiscal de la federación, tribunales de los contencioso administrativo, y juntas de conciliación federales y locales.
En el ámbito de la procuración de justicia, como representante social en el ministerio público, al formar parte tanto de la Procuraduría de la República, como de los estados.
Dentro del poder legislativo, con un alto sentido social para pugnar por la defensa de los intereses de la mayoría; para tal efecto, estará capacitado para analizar la realidad social, y con este fundamento proponer reformas, obligaciones, abrogaciones, adicciones de leyes, entre otras.
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